El pasado 28 de abril de 2025, España vivió un apagón eléctrico sin precedentes que afectó a más de 13 millones de personas. La falta de suministro eléctrico, que se prolongó hasta 24 horas en algunas regiones, ha generado repercusiones significativas en múltiples sectores, especialmente en la seguridad alimentaria.
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Más allá del impacto doméstico, el apagón ha supuesto un desafío técnico y operativo para la industria alimentaria, responsable de garantizar la inocuidad de sus productos.
Esta situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del sector agroalimentario en un contexto de presión logística y sanitaria, tal como ya pasó durante la pandemia.
Una de las principales consecuencias inmediatas fue la ruptura de la cadena de frío tanto en la propia industria (almacenes, neveras, etc.), como en comercios y hogares, generando dudas sobre la conservación de los alimentos perecederos e incrementando el riesgo de desperdicio alimentario.
Además, las rupturas de la cadena de frío favorecen el desarrollo de microorganismos patógenos, elevando el riesgo de intoxicaciones alimentarias.
El apagón dejó secuelas importantes en el conjunto de la cadena agroalimentaria, desde el sector primario hasta la transformación y la distribución. Las explotaciones ganaderas intensivas, la industria cárnica, láctea y pesquera fueron las más afectadas:
A escala nacional, la CEOE estima unas pérdidas de 1.600 millones de euros para el conjunto del tejido productivo, mientras que PIMEC calcula 900 millones solo en Cataluña, parte importante de los cuales corresponde a la industria alimentaria. El impacto sobre el PIB nacional se ha situado entre 1.000 y 4.500 millones de euros, siendo el agroalimentario uno de los sectores esenciales más afectados.
Las repercusiones también implicaron alteraciones logísticas, retrasos en entregas y problemas de abastecimiento, especialmente en productos frescos.
A pesar del impacto generalizado, las grandes cadenas de distribución lograron mitigar los efectos del apagón y mantener operaciones esenciales gracias a sus grupos electrógenos, sistemas de respaldo y planes de contingencia bien definidos dentro de sus sistemas APPCC. Estos planes incluyen el aislamiento, registro y retirada de productos comprometidos.
No todas las empresas contaron con el mismo nivel de preparación. Pymes sin fuentes de energía alternativas se vieron obligadas a desechar grandes volúmenes de productos al no poder garantizar su conservación. En el sector de la hostelería y el pequeño comercio, el apagón provocó también importantes pérdidas.
Según la FIAB, las pérdidas acumuladas en el sector minorista y de hostelería podrían superar los 300 millones de euros.
Aun así, la distribución alimentaria recuperó la normalidad en menos de 48 horas, evitando una crisis de abastecimiento mayor. Como ocurrió durante la pandemia, la industria alimentaria ha demostrado una vez más su capacidad de adaptación rápida ante escenarios adversos.
Durante situaciones como un apagón masivo, la industria alimentaria debe garantizar la seguridad de los productos, ya sea mediante autocontrol o bien con la colaboración de laboratorios de servicios.
Tras un fallo de la cadena de frío, es importante realizar análisis microbiológicos para determinar la presencia de patógenos como Listeria, Salmonella o E. coli, así como para evaluar la carga total de microorganismos. Estos análisis permiten decidir con evidencia si un lote puede seguir comercializándose o debe ser retirado.
En este contexto, los laboratorios y los departamentos de calidad deben actuar con rapidez y eficacia, activando protocolos de emergencia definidos en sus sistemas de gestión de calidad.
El uso de tecnologías como medios cromogénicos o métodos moleculares permite obtener resultados fiables en menos de 24 horas, acelerando la toma de decisiones sobre la retirada o recuperación de lotes afectados.
Además, el apagón ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de monitorización continua de temperatura y registro de datos. Esos sistemas, incluso durante un apagón, pueden seguir almacenando los datos y, una vez recuperado el suministro eléctrico, los reenvían a la nube para que no se pierdan. Y también pueden integrarse con los programas de trazabilidad y análisis de peligros (APPCC).
Esta información permite, en caso de incidentes, demostrar si un producto ha permanecido en condiciones seguras o si requiere una investigación más profunda.
El apagón eléctrico en España ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas actuales de conservación de alimentos sin electricidad y la necesidad de implementar medidas de contingencia tanto en el sector público como privado.
La trazabilidad y gestión del riesgo están contempladas en el Reglamento (CE) 852/2004, que obliga a las empresas a garantizar la seguridad del alimento en todas las etapas de producción.
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los retos urgentes que destacan son:
Las principales organizaciones del sector, como ASAJA, FECIC, FIAB o Cooperativas Agro-alimentarias, ya han solicitado al Gobierno medidas compensatorias y una revisión de la infraestructura eléctrica nacional.
En este escenario, los departamentos de calidad y los laboratorios de análisis cobran un papel más estratégico: no solo como actores de control a posteriori, sino como piezas clave en la prevención y respuesta rápida.
Desde Bioser, como actores comprometidos en este ámbito, continuaremos aportando a los laboratorios y profesionales del sector soluciones y tecnología para garantizar la inocuidad y conservación de los alimentos ante cualquier escenario.
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