La crisis de la carne de caballo, 2 años después

Después de dos años del escándalo de la carne de caballo, han salido publicados estudios y sentencias que acometen a esos hechos y denotan la importancia que tuvo sobre todo a nivel legal este fraude.

Un trabajo realizado en el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), un centro asociado entre el Instituto de Investigación y Tecnología Alimentarias (IRTA) y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), ha estudiado el impacto del escándalo de la carne de caballo en el consumo de carne en Cataluña.

Según el estudio del CREDA, que ha utilizado una muestra de 882 hogares catalanes, las cifras de consumo de ternera no muestran un descenso generalizable e, incluso, se da la circunstancia de que algunos productos analizados presentan un aumento en su consumo.
Los consumidores encuestados aseguran que recuerdan el escándalo, pero declaran que no modificaron su consumo ya que no afectaba a la salud. En cuanto a los precios de la ternera, tanto a nivel de consumidor como en origen, no se detectó ninguna disminución y, por lo tanto, el trabajo concluye que no tuvo ningún impacto negativo en ese sentido.

Por otro lado en el ámbito internacional, la entidad FoodWatch, defensor del consumidor en Holanda, impuso una denuncia al organismo responsable de la seguridad alimentaria holandesa (NVWA), para forzarle a desvelar la lista de los clientes de Willy Selten, un comerciante de carne holandés y director de dos de las compañía responsables de comprar, preparar y vender carne potencialmente contaminada con carne de caballo en ese país.

Investigaciones de la NVWA concluyeron que 35 de las 167 muestras tomadas de los proveedores de Selter eran positivas en ADN de caballo. En Abril de 2015 un tribunal de East Brabant lo declaró culpable por falsificar documentos, incluyendo albaranes y facturas, y utilizarlos para comercializar con los productos contaminados con carne de caballo. El tribunal lo sentenció a 30 meses de prisión.

FoodWatch ha declarado que esta decisión es una victoria para el consumidor y un paso más para la transparencia en la cadena alimentaria, pero se tiene que seguir luchando por más reformas para garantizar la información al consumidor de una forma más rápida.

Fuente: FoodQualitynews.com y IRTA.

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